Trump revoca permisos y bloquea beneficios a migrantes legales

De acuerdo con documentos revisados por The New York Times, al menos 6,386 personas ya fueron afectadas, incluyendo familias con niños, trabajadores agrícolas y solicitantes de asilo que se encontraban esperando audiencia en cortes migratorias.
Las autoridades de seguridad nacional habían identificado con estatus legal temporal, pero ahora estaban marcados como parte de lo que Moghaddassi describió como “la lista de terroristas”, o bien señalados por “historial criminal según el FBI”.
Durante su primer mandato, Trump popularizó el concepto de self-deportation (autodeportación), la idea de que si se eliminan las condiciones mínimas de vida, las personas migrantes optarán por irse del país voluntariamente. Hoy, esa visión se traduce en una serie de políticas que dificultan la vida de quienes aún no tienen la ciudadanía, incluso si su ingreso fue regular.
La lista de la muerte

La lista incluía a un menor de 13 años y a siete niños más, lo que generó preocupaciones dentro de la agencia de que la medida pudiera ser excesiva. Según una persona familiarizada con la lista, que pidió anonimato a The New York Times, esta acción ha despertado inquietudes sobre la amplitud de los criterios utilizados.
Un funcionario de la Casa Blanca precisó que casi 1,000 de los migrantes afectados habían recibido beneficios federales por un total cercano a los 600,000 dólares antes de que se les cortara la libertad condicional, incluyendo Medicaid, seguros de desempleo y préstamos federales estudiantiles, con un promedio de 600 dólares por persona.
Aunque la agencia renombró la "lista de muertes" como el “ineligible master file” (archivo de personas inelegibles), no ha desarrollado una nueva forma de marcar a aquellos que pierden el derecho a recibir beneficios. Por el momento, los inmigrantes incluidos están siendo asignados con fechas de muerte ficticias, según dos personas familiarizadas con el proceso.
“Estamos ante una forma de asesinato financiero que empuja a la miseria y a la salida forzada a personas que actuaron conforme a la ley”, declaró Martin O’Malley, exgobernador de Maryland y ahora comisionado de la SSA.
Según O’Malley, el proceso es tan automatizado y opaco que “ya hay evidencia de errores que han afectado a residentes legales e incluso a ciudadanos estadounidenses”.

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Autor: Expansión