Las administraciones locales son las peores pagadoras, según el último informe sobre plazos de pago de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).Pese a los cambios normativos de los últimos tiempos, el retraso en los pagos a proveedores, tanto por parte de otras empresas como de las Administraciones Públicas, sigue siendo en gran parte una asignatura pendiente. Si mejora en el sector privado, empeora en el público. Es lo que ocurrió en 2024. Mientras que el plazo medio de pago de las empresas a sus proveedores se redujo hasta los 64 días el año pasado, 6 menos que en 2023, en el sector público se aupó hasta los 67 días, 12 más que el año anterior, superando al sector privado por primera vez desde 2014. Así lo recoge el último informe sobre plazos de pago de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), publicado ayer, que resalta que en ambos casos se superan los plazos máximos establecidos por ley: 30 días para las Administraciones Públicas y 60 para las empresas. Para el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, el incremento registrado en el sector público "es alarmante", y denunció que en un momento "en el que la Administración está incrementando su recaudación, no existe justificación para que ésta empeore sus plazos de pago y (las AAPP) deberían ser las primeras en respetar los tiempos que imponen, dando ejemplo al sector privado".Cañete destacó que los datos recopilados por la PMcM difieren de los aportados por las AAPP , "que son más optimistas y están próximos al plazo legal", una brecha constatada por el Observatorio de Pagos de la UE de 2024, que refleja que las cifras que facilitan las AAPP españolas "no corresponden con lo recogido en los análisis de entidades especializadas como la PMcM".Peores pagadoresSegún el informe, basado en más de 500 encuestas realizadas a organizaciones asociadas y ajenas a la PMcM, para el 52% de los sondeados las administraciones locales son las peores pagadoras; seguidas por los gobiernos regionales, citados por el 28%, y de la Administración Central, mencionada por el 20%.Para Cañete, esta brecha podría explicarse en parte por "determinadas malas praxis", y puso como ejemplo la detectada recientemente en el Ayuntamiento de Lugo, que, presuntamente, retrasó de forma interesada la inscripción en el registro de facturas, por lo que el plazo de pago empezó a ser efectivo más tarde de cuando realmente debería.
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Autor: J.D.
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